Vicepresidenta Ejecutiva: «25 personas asesinadas tras plan del fascismo de ultraderecha»

_{La Vicepresidenta, Delcy Rodríguez, desglosó un conjunto de violaciones a derechos fundamentales, como los que defienden la vida, la integridad personal, propiedad privada y la diversidad humana}

Este lunes, la vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante el Consejo de Defensa de la Nación y Consejo de Estado ofreció una serie de declaraciones sobre la Comisión de Estudio de Abordajes de las Víctimas por ejecución del plan violento post-electoral, el cual se desarrolló desde el 29 de julio hasta el 2 de agosto del presente año.

La alta funcionaria desglosó un conjunto de violaciones a derechos fundamentales, como los que defienden la vida, la integridad personal, propiedad privada y la diversidad humana. Asimismo, señaló que por estos hechos violentos 25 personas fueron asesinadas.

En primer lugar, Rodríguez contabilizó un saldo de 22 víctimas fatales, en donde el 59% de los fallecidos corresponden al grupo etario de entre 15 y 29 años. Con respecto a la distribución geográfica de víctimas letales, el 36,4% se concentró en el Distrito Capital; 27,3% en Aragua; 9,1% en Carabobo; 9,1% en Miranda; así como Táchira, Yaracuy, Zulia y Bolívar cada uno con un respectivo 4,5%.

Por otro lado, el 71% de las víctimas fatales se registró durante el lunes 29 de julio. Asimismo, el 76,2% de estas personas fallecieron a causa de manifestaciones violentas, el 9,5% por hallarse en las adyacencias de estos incidentes; 9,5% por crímenes de odio y el 4,8% por saqueos a comercios.

Acerca de a las personas lesionadas, se contabilizó un total de 132 heridos, de los cuales el 87,8% corresponde a víctimas masculinas. También, de este último porcentaje, se dilucida que el 74% de los hombres perjudicados son funcionarios de cuerpos de seguridad, quienes según Rodríguez, fueron directamente impactados por un “plan para atentar contra funcionarios civiles, militares y policiales”.

Asimismo, la vicepresidenta Rodríguez contabilizó un total de 494 agresiones contra bienes públicos y privados, entre ellos, centros educativos, centros de salud, medios de transporte, instalaciones de cuerpos de seguridad, así como  edificios gubernamentales que incluyeron al propio Palacio de Miraflores.