El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela considera que dicha nota constituye, en efecto, una confesión expresa de graves violaciones al derecho internacional de los Derechos Humanos

Este martes, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela respondió la nota diplomática al Gobierno de El Salvador donde considera que dicha nota constituye, en efecto, una confesión expresa de graves violaciones al derecho internacional de los Derechos Humanos, así como de la comisión de actos que podrían tipificarse como acciones delictivas internacionales, los cuales se enumeran a continuación:
1. Violación de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, quienes han sido privados de su libertad de forma arbitraria, recluidos sin orden judicial ni juicio previo en un centro de confinamiento de máxima seguridad, sometidos a condiciones degradantes e inhumanas, sin posibilidad de contacto con familiares ni representación legal, y lo más importante, convirtiéndolos en víctimas del gravísimo delito de trata humana.
2. Criminalización colectiva y xenofobia institucional, al atribuirse sin pruebas individuales la vinculación de los detenidos con organizaciones criminales transnacionales (ya desmanteladas en Venezuela), en abierta vulneración del principio de presunción de inocencia y del principio de responsabilidad penal individual.
3. Negación del derecho a la defensa, al debido proceso y al acceso a la justicia, al no garantizarse la información sobre los cargos imputados, ni acceso a asistencia jurídica, ni comparecencia ante tribunales competentes, en violación directa de las garantías mínimas reconocidas por el derecho internacional general, transformándolos de manera automática en víctimas de desaparición forzada.
4. Propuesta de canje ilegal y moralmente inadmisible, al pretender condicionar la liberación de personas inocentes a un «intercambio» por ciudadanos privados de libertad en Venezuela por causas completamente ajenas (comisión de terribles hechos punibles), sin fundamento jurídico ni ético. Tomando en cuenta adicionalmente, que ninguno de los detenidos a los que hace mención posee la ciudadanía salvadoreña, siendo la mayoría de estos ciudadanos venezolanos. Este planteamiento constituye una aberración legal, sin precedente en el marco de las relaciones bilaterales ni multilaterales, que vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y dignidad humana.
5. Secuestro y traslado forzoso a un tercer país sin orden judicial ni proceso legal, ejecutado por autoridades de los Estados Unidos de América, quienes deportaron arbitrariamente a estos ciudadanos venezolanos al territorio salvadoreño. Esta práctica representa una violación directa del derecho internacional público, así como de principios constitucionales reconocidos incluso por el sistema judicial estadounidense. Cabe destacar que esta conducta ha sido condenada por órganos de justicia de ese país, incluida la Corte Suprema, la cual ha advertido sobre los límites legales de las deportaciones arbitrarias y el respeto al debido proceso.
Por tal motivo y frente a esta situación, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela exige la liberación inmediata e incondicional de los 252 ciudadanos venezolanos detenidos arbitrariamente en territorio salvadoreño y responsabiliza al Estado salvadoreño por cualquier afectación a su integridad física y psicológica.
Así lo compartió el canciller de la República de Venezuela, Yván Gil, a través de su cuenta oficial en la red social Telegram.
A continuación, el texto íntegro de la carta diplomática:



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