Ministro Ñáñez cuestiona descarada narrativa de PROVEA y ONGs sobre caso de Rocío San Miguel

_{Provea y sus ONGs asociadas al Departamento de Estado pretenden desconocer las leyes de un país y la legitimidad de un Estado soberano por quienes son investigados por delitos contra el orden constitucional en Venezuela}

Este martes, 13 de febrero, el vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, se pronunció a través de sus redes sociales donde cuestiona la narrativa de PROVEA y sus ONGs. “Amnistía Internacional, Provea y sus ONGs asociadas al Departamento de Estado demuestren solidaridad automática con quienes son investigados por delitos contra el orden constitucional en Venezuela, no es cosa nueva. ¿Y si es un intento de Magnicidio lo que se investiga? ¡Mucho más vehemente será su apología! Sin embargo, no deja de asombrar la descarada narrativa con la que pretenden desconocer las leyes de un país y la legitimidad de un Estado soberano. A estas alturas todo el mundo sabe que uds. siempre han sido parte de la estrategia para aislar y sancionar a Venezuela”, destacó.

En este sentido, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó sobre el inicio de las audiencias de presentación de seis ciudadanos, quienes luego de las investigaciones preliminares de rigor, aparecen presuntamente involucrados en la trama conspirativa denominada “Brazalete Blanco”.

Asimismo, el Ministerio Público, luego de libradas las respectivas órdenes de aprehensión dentro de los lapsos legales correspondientes, y en estricto apego al respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales, determinó que se solicitará ante el tribunal segundo Contra Terrorismo, la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana, Rocío del Carmen San Miguel Sosa, por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo, asociación, entre otros.

En cuanto, al ciudadano Alejandro José González De Canales Plaza, el Ministerio Público solicitará medida de privación judicial preventiva de libertad por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.

Información de: VTV