Entre las pruebas se encontraban equipos telefónicos, computadoras, mapas, incluso se halló uno del Palacio de Miraflores y listados de los mandos militares del país
Este lunes, el fiscal general de la República de Venezuela, Tarek William Saab, ofreció una rueda de prensa donde dio a conocer a través de un video varias evidencias – según señaló – y mostró 18 mapas cartográficos con las coordenadas de instalaciones militares, de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI), lo cual pertenecen a la reserva de la inteligencia del Estado venezolano, reseñó.
Asimismo, el fiscal General denunció que, «San Miguel fungía como espía, a través de parejas o relaciones públicas con miembros de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana (FANB), para planificar acciones en contra de la soberanía nacional» en el caso de «Brazalete Blanco».
Al mismo tiempo, mientras leía un documento en su apartado «Tareas de oficiales aliados a la Operación», «se enumeran las obligaciones de 7 funcionarios militares, y como 8va persona con tareas asignadas aparece Rocío San Miguel, de quien se dice que será la encargada de coordinar y trasladar todo el equipo comunicacional necesario para cubrir los eventos y realizar la transmisión de la primera entrevista en tiempo real de los avances de la operación”, detalló el fiscal.
“Crear una afinidad comunicacional con la población militar a fin de lograr el apoyo. Coordinar con organismos internacionales para a través de la ONG Control Ciudadano asegurar los derechos humanos de todos los militares patriotas (…) involucrados en la operación. Además, promover ante la Cruz Roja Internacional para evitar ataques aéreos o bombardeos, en contra de los integrantes de la operación”, informó.
Mientras enseñaba uno de los mapas encontrados, sugirió que las coordenadas señaladas, «debían tener colaboración militar». «Aparecen Puerto Cabello y Borburata; es un ejemplo de cómo se realizó la demarcación de las zonas de seguridad en los 18 mapas encontrados», aclaró.
Mientras tanto, añadió, hay más de 24 zonas de seguridad demarcadas, que incluyen la zona de seguridad del Palacio de Miraflores, que estaban en manos de San Miguel, y sus mismos familiares reconocieron que era de su pertenencia. “Esta información ha sido recabada y señalizada de forma sistemática, con apoyo de personas con conocimientos de geografía o cartografía”.
«Aquí vemos demarcadas, a la izquierda la zona de seguridad del Comando de la Aviación Naval, y a la derecha, la zona de seguridad de la Base Naval Contralmirante Agustín Armario. Además, que tiene resaltadas en verde zonas de interés», señaló.
William Saab cuestionó, «por qué una supuesta activista defensora de los derechos humanos debe tener este tipo de información. Esto corresponde más al perfil de una agente».
Del mismo modo, «se consiguió un cobro en dólares realizado por una trasnacional petrolera«, así como información sobre la «entrega de información a un embajador europeo sobre el fortalecimiento de los sistemas de defensa antiaérea del país».
También, señaló que al momento de la detención de los 19 implicados por el caso «Brazalete Blanco», al detenido, Ányelo Heredia, se le encontró en sus contactos telefónicos datos importantes de la implicada Rocío San Miguel, “indicio de lo que encontraríamos después. ¿Por qué (ella) aparece como contacto telefónico de un terrorista?”.
Precisó que, la imputada Rocío San Miguel «tenía un protocolo de seguridad para esconder sus aparatos electrónicos a la hora de una eventual detención, el cual fue ejecutado a la hora de su aprehensión por su entorno más cercano (que tienen medidas cautelares y están en libertad), que trasladó estos equipos por varias locaciones tratando de eludir la acción de la justicia».
«Sus equipos fueron llevados de Maiquetía en La Guaira a El Marqués en Caracas; y de la capital fueron trasladados luego hasta Higuerote, donde fueron escondidos en un maletero. Fueron a parar después en Guárico». así lo resaltó el fiscal Saab.
Para finalizar, determinó que este fin de semana «sus familiares pudieron visitarla en la sede del cuerpo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), y hasta hoy siguen diciendo que es un caso de desaparición forzada. Es indignante y una burla. Es una ofensa a los defensores de derechos humanos que arriesgan su vida».
Ante la recopilación de las pesquisas, subrayó que dichas actividades de San Miguel son ajenas a los derechos humanos. “Su ONG es una fachada para hablar en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluso hay declaraciones de ella pidiendo sanciones contra el Estado venezolano”.
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