“El Caracazo”, 35 años de la primera rebelión popular
El 27 de febrero de 1989, era el inicio del segundo periodo de Gobierno del recién juramentado a la presidencia Carlos Andrés Pérez, durante los días 27 y 28 de febrero, tuvo lugar en las ciudades más importantes del país un estallido masivo y sorpresivo de violencia popular. La magnitud del hecho estremeció a la sociedad venezolana e impactó a la opinión pública internacional. El 16 de febrero Carlos Andrés Pérez, presentó ante el país un programa de ajustes macroeconómicos promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), llamado popularmente «paquete económico», concebido para generar cambios sustanciales en la economía del país.
Medidas Anunciadas
Se anunciaron medidas de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual en plazos relativamente breves. El paquete englobaba serie de dictámenes sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Las principales medidas anunciadas fueron: acudir al Fondo Monetario Internacional y someterse a un programa bajo supervisión de ese organismo, con el fin de obtener aproximadamente US $ 4.500.000.000 en los 3 años siguientes; liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero, hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%; unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial, determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante; liberación de los precios de todos los productos, a excepción de 18 renglones de la cesta básica; incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como: teléfono, agua, electricidad y gas doméstico, sincerar los precios de las empresas públicas; aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina; aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%; aumento de sueldos en la administración pública central, entre el 5 y el 30%, e incremento del salario mínimo a Bs. 4.000 en el área urbana y a Bs. 2.500 en el área rural; racionalización y eliminación progresiva de los aranceles a la importación, reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto territorial bruto (PTB) y congelación de cargos en la administración pública.
Todas estas medidas, a excepción de la última, eran de aplicación inmediata. El alza en el precio de la gasolina debía hacerse efectiva a partir del 26 de febrero de ese año y el incremento de las tarifas del transporte público urbano en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%. A raíz del anuncio del programa, se produjeron discrepancias entre el Poder Ejecutivo y el gremio de los transportistas. Los últimos alegaban que el aumento estipulado no era suficiente para cubrir los incrementos de los costos causados por la elevación del precio de la gasolina, el aumento acumulado del precio de los repuestos y los servicios automotrices, además del costo de la vida en general. Solicitaron un incremento inmediato de al menos el 70%. La Cámara del Transporte convocó a un paro para el día 27 de febrero ante la decisión del ministro de Transporte y Comunicaciones de no aprobar un incremento superior al 30%.
El pueblo de Guarenas inicia el estallido La Cámara del Transporte convocó a un paro para el día 27 de febrero ante la decisión del ministro de Transporte y Comunicaciones de no aprobar un incremento superior al 30%. Ese día en horas de la mañana los choferes de las rutas interurbanas principalmente, los que cubren la ruta Guarenas – Caracas iniciaron sus recorridos habituales, pero con la intención de imponer arbitrariamente sus tarifas y desconociendo el medio pasaje estudiantil. En consecuencia, los usuarios reaccionaron con indignación, la cual derivó en violencia generalizada. Donde iniciaron con la quema y destrucción de unidades de transporte urbano e interurbano de propiedad pública y privada, también el saqueo y destrucción de establecimientos comerciales, desde pequeños abastos hasta los automercados. También fueron atacados diversos tipos de locales comerciales, talleres, pequeñas fábricas y llevando a cabo distintos intentos de penetrar por la fuerza en áreas residenciales de sectores de clase media y alta. Los protagonistas de estas acciones fueron sujetos pertenecientes a estratos populares, ubicadas en los conglomerados urbanos más importantes del país. Y en menor medida, individuos pertenecientes a los sectores medios de la población. Los actos de violencia se iniciaron en Guarenas (Edo. Miranda).
En otras zonas del área metropolitana de Caracas, como: Petare, Antímano, Caricuao, Catia Coche, el Valle y los alrededores del Nuevo Circo, toman el control de las calles así como también en el estado La Guaira, se produjeron reacciones similares en contra de las unidades de transporte urbano -y sus choferes- que luego se extendieron contra los establecimientos ya mencionados. A través de vías informales y de los medios de comunicación se difundió la información acerca de los sucesos y la destrucción y los saqueos, los cuerpos policiales fueron rebasados y se produjeron más motines, enfrentamientos, saqueos cada vez de forma más violenta. Así fueron repitiéndose en otras zonas del área metropolitana de Caracas y en las principales ciudades del interior del país: Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana. El estallido tuvo un carácter espontáneo y continuo. Es decir, las acciones no fueron comandadas por organizaciones partidistas, o de otro tipo. Y en ellas se combinaron actos violentos de protesta popular, junto con hechos de connotación claramente delictiva. Y en mucha menor medida y una vez avanzado el proceso, algunas maniobras políticamente orientadas. Estos hechos mantuvieron a la población en zozobra y creando un clima de gran tensión durante su desarrollo y semanas después. Reinaba un ambiente de desasosiego económico en el país.
En horas de la tarde había manifestaciones y revueltas en casi todos los barrios y urbanizaciones de Caracas, ante las expectativas y conflictos generados en torno al cambio de rumbo de la política económica, los diversos agentes económicos reaccionaron con conductas irregulares. Desde diciembre de 1988 y con creciente intensidad a lo largo de enero y febrero de 1989, se desató el acaparamiento y la especulación con productos de primera necesidad, lo que causó desabastecimiento e inflación. Esta anomalía generó en la población en general, particularmente en la de menores recursos, incertidumbre y malestar respecto a su abastecimiento cotidiano. Durante varios meses, el intercambio económico fue anómalo y no hubo autoridad económica o política capaz de imponer orden.
Es por ello que luego de la inicial reacción en contra de los transportistas y sus unidades, la acción popular se extendió en contra de los locales comerciales de expendio de bienes de consumo diario, en cuyos depósitos fueron encontrados muchos de los bienes que habían desaparecido en el transcurso de los meses que precedieron al estallido.
Se decreta Estado de emergencia y suspenden las garantías
Ante este panorama, la ira popular se intensificó y los ataques se extendieron hacia todo tipo de locales comerciales. Se generalizaron los saqueos y la destrucción de almacenes. A las acciones de protesta popular se sumaron acciones delictivas y de pillaje. Dado el carácter simultáneo, masivo, sorpresivo y violento de estos acontecimientos, en vista del desbordamiento de la situación, hacia el mediodía del día 28, el presidente Pérez, reunido con el Consejo de Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios. Igualmente decretó el Estado de emergencia, activando el «Plan Ávila» y militarizando todas las calles previsto en el artículo 240 de la Constitución, el cual confería la custodia de la ciudad al ejército y habilitándolos para el uso de armas de guerra al momento de contener las manifestaciones, junto a este decreto quedaron suspendidas una serie de garantías constitucionales durante los 10 días siguientes.
Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público y se estableció un toque de queda a lo largo del territorio nacional con distinta duración y dependiendo de cada estado. Pasados los 10 días, el presidente solicitó la autorización del Congreso para mantener el Estado de emergencia, la cual fue concedida aun cuando se restituyeron algunas garantías y se suprimió el toque de queda. Los actos de saqueo, junto con las irregularidades que siguieron durante la suspensión de las garantías, arrojaron enormes pérdidas a los dueños de los locales comerciales y de los transportes urbanos.
La cifra oficial de muertos fue de 300 personas y de más de un millar de heridos. Algunos reportes extraoficiales señalaban cifras superiores de afectados, estimándose el número de muertos en un millar. La mayor porción de las víctimas de este estallido resultó a consecuencia de la intervención de la Guardia Nacional y del Ejército en el control del orden público. Si bien la especulación con los precios de las tarifas del transporte urbano y el desabastecimiento de los meses anteriores explican en lo inmediato la ocurrencia de este estallido, su violencia y magnitud fueron reflejo de profundos procesos de frustración acumulada en la población de menores recursos, derivados del decaimiento económico del país a lo largo de la década de 1980.
Las condiciones socioeconómicas, generadas a partir del 18 de febrero de 1983, cuando tuvo lugar una drástica devaluación del bolívar, acentuadas por las irregularidades en el intercambio económico ocurridas durante los últimos meses de 1988 y primeros de 1989, crearon en la población fuertes sentimientos de frustración, así como falta de credibilidad en la capacidad y voluntad de las autoridades públicas y los agentes económicos para actuar con seguridad y equidad. Por otro lado, el proceso electoral de 1988 creó moderadas expectativas de superación socioeconómica y de reorientación de la vida económica y política del país, sobre la base tanto de las devaluaciones positivas de la anterior administración, como de las expectativas en las habilidades del nuevo presidente.
La lucha del 27F hoy reivindicada
Todos estos acontecimientos ha dejado una huella imborrable en los venezolanos donde aseguran que no olvidaran esta fecha, tal es el caso del Sr. Salvador Jiménez, boticario de la parroquia El Paraíso, que compartió su experiencia del 27 de febrero de 1989.
¿Qué es para usted el 27 de febrero del año 1989?
“El 27 de febrero yo no lo llamaría reacción, yo lo llamo rebelión popular, para ese momento trabajaba en una farmacia que estaba en la Av. El Cuartel, ya eso se venía gestando por el descontento de los ciudadanos del pueblo en general, se le sumaron una serie de detalles primero la reciente elección del presidente Pérez, y luego su discurso cuando asoma las medidas económicas, medidas sugeridas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
También se venía gestando el ocultamiento de los alimentos, víveres, productos de limpieza todos esos elementos. Y se empezaron a acelerar los precios y la gente estaba pendiente de eso, el detonante definitivo fue el aumento de la gasolina y como todo en nuestro país se mueve sobre ruedas y con gasolina, todo iba a aumentar nuevamente entres esas cosas el pasaje.
En Caracas mucha gente nos movilizamos en transporte público para llegar a su trabajo, se usan dos y hasta más transporte para llegar a un sitio de trabajo desde las ciudades aledañas como lo son Los Teques y Guarenas en el estado Miranda, donde se generaron las protesta porque iban aumentar el pasaje y se generó una ola de manifestaciones.
Para mi no hubo ninguna organización, solamente fue una reacción de la gente ante las imposiciones de ese nuevo método que sumaron una cantidad de medidas, para ese momento la economía del país no se podía decir que estaba estable, desde ese momento el pueblo decidió que ya no aguantaba más.
Ese día yo estaba de guardia, entonces me vine en la tarde ya casi noche, tenía carro y me vengo para el paraíso, y oigo la agitación pero no le presté atención porque esa zona pues no es muy agitada maneje lo más cerca de la Av. San Martín y la Av. Páez que eran donde había circulación de vehículos pero bueno; En la mañana yo llamo al Señor que se quedó allá en el trabajo, el amigo Sarmiento, me acuerdo que era de Guanare, era introvertido y poco comunicativo no me había llamado siquiera. Entonces yo lo llamé y le pregunté, ¿mira Sarmiento qué pasa? y me dice; Salvador, La panadería de al lado la saquearon y el negocio de la esquina también lo saquearon, la farmacia le empujaban la puerta y yo oía las voces que decían ¡no vale la farmacia no! Que eso nos resuelve los problemas, día siguiente que fue el 27 de febrero se empezó a acelerarse los disturbios”.
Los medios de comunicación en ese momento sufrieron un “blackout” porque no informaban concretamente lo que sucedía, me llamó un compadre que trabajaba en una farmacia en San Martín y me pidió que lo ayudara a cargar una mercancía, entonces me fui al centro y así poder palpar directamente lo que estaba ocurriendo, ya había empezado la movilización del ejército vi los tanques y decidí trasladarme hasta la plaza Bolívar, pero ya todo estaba tomado y vi muchas acciones contra el pueblo.
¿Por qué cree usted que no se vuelva a repetir un episodio como el del 27F?
No creo que se repita porque para ese entonces las personas no estaban tan educados y formados políticamente como lo estan ahorita, en este momento todos hablan de política, usted se sienta hablar con cualquier persona y está enterada de la situación entonces esto tiene mucho que ver con el comportamiento del ciudadano de hoy al venezolano del año 89.
Para los días posteriores del 27 de febrero se pasó mucho trabajo para conseguir los alimentos, y eso es uno de elementos que nos llevó a aprender la lección.
Es por ello que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, reivindica esa histórica manifestación popular que marcó la nueva historia de Venezuela ya que a partir de ese momento se presentaron diversos acontecimientos que le dieron un nuevo camino político, económico y social al país.
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