Familiares de migrantes piden respeto a los DD.HH

_{Miembros Comité de Defensa de los Migrantes, alzaron su voz al visibilizar la situación de sus familiares venezolanos que se encuentran en el Salvador}

Ante la resucitada ley fascista de enemigos extranjeros impuesta por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump que mantiene secuestrados en el Salvador a migrantes venezolanos al vincularlos arbitrariamente con bandas criminales y que comenzó con una serie de deportaciones.

Lo anterior, hoy se convierte en meter presos a más de 200 personas solo por ser venezolanos y tener tatuajes al enviarlos a una cárcel de terroristas sin derecho a la defensa en actuación de propagandistas de la derecha quienes se han pronunciado en favor de esta medida ilegal y de sus intereses donde sale a relucir el nombre de Nayid Bukuele, quien se ha burlado del dolor de las familias, obviando los derechos humanos.

Es por ello, que el Comité de Defensa de los Migrantes, denuncia estos actos de injusticia y exigen que se revisen los casos y se respeten los DD.HH, petición que realizaron mediante diversos testimonios donde familiares alzaron su vos bajo la consigna «los migrantes no son delicuentes».

Tal es el caso de Rena Jiménez, quien manifestó que a su hijo lo dejaron recluido en el salvador y que nunca pisó suelo venezolano, que no tiene antecedentes penales ni pertenece al tren de Aragua y lo están juzgando por sus tatuajes.

«Se llevaron a mi hijo al Salvador, ellos no sabían para donde iban, le dijeron que se acomodara porque venían para Venezuela, eso es un secuestro, yo no pido nada más por mi hijo, sino por todas esas personas inocentes, él no es ningún pandillero, Trump amenazó con sacarlos a todos y lo está haciendo, pero lo está haciendo de muy mala manera, si tu crees en Dios tu tienes que saber que estás actuando mal, que la justicia no se toma de esa manera», denunció otra madre venezolana.

Seguidamente, un padre desesperado declaró que la ultima comunicación que tuvo con su hijo fue al pasado viernes a las 11 de la mañana, «de allí no hemos sabido más nada, con un supuesto avión que salió para el Salvador, situaciones bastantes irregulares donde le violaron y le vilipendiaron los derechos humanos, los derechos constitucionales, los derechos civiles a mi hijo y a los 238 venezolanos que se encuentran en este momento privados de su libertad, nuestros muchachos son muchachos trabajadores, nobles y honestos».

«Se dejó llevar por las redes sociales que iban a tener un mejor futuro y esto se ha convertido en un pesadilla, me llamó en la mañana y me dice mamá nos vamos para Venezuela, nos dijeron que nos van a llevar hoy para Venezuela, esperamos todo el sábado, el domingo me levante muy temprano, se recibió una llamada del papá y me dice llorando que si yo no he visto las noticias porque lo que estaba saliendo fue que los aviones los llevaron al Salvador. Es un muchacho que nunca ha tenido problemas con la justicia, que si el hecho de ser venezolanos nos convierte en unos delincuentes eso no es cierto; somos unas personas de corazón muy humilde», manifestó otra de las madres afectadas.

Otra de las madres señaló: «Mi hijo Edward José Hernández Herrera, tiene 23 años, ese momento fue muy horrible a ellos se los llevaron el jueves 13, uno de los muchachos que se llevaron con él dijo que ellos estaban juntos, que los iban a deportar, nosotros los hacíamos que los iban a traer para acá para Venezuela, los esperábamos el domingo, estábamos ansiosos esperando que llegara cuando nos dimos cuenta por un video que salía uno de sus compañeros y nosotros asociamos que si estaba él. Mi hijo no es ningún criminal, no pertenece a ninguna banda, ellos estaban allá trabajando, la verdad me parece que lo que hicieron fue inhumano, bueno yo tengo fe y confió de que el presidente nos va a ayudar con el favor de Dios»

Por último, los miembros de este colectivo comprometido en la defensa y promoción de los DD.HH, enfocados en sus denuncias, afirmaron que «ningún migrante debe ser criminalizado por buscar una vida mejor», al visibilizar la situación de los migrantes venezolanos en EE.UU.

Vale acotar, que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado martes, 18 de marzo mediante un contacto telefónico en la Gran Movilización en Defensa de Migrantes Venezolanos que se desarrolló en Caracas (capital), destacó que el Gobierno bolivariano trabaja arduamente para que Estados Unidos entregue sanos y salvos a los migrantes que han sido deportados de ese país, y recalcó que regresarán por medio del Plan Vuelta a la Patria.

Futbolista venezolano fue deportado a El Salvador por un tatuaje del Real Madrid

El futbolista venezolano Jerce Reyes Barrios fue deportado desde Estados Unidos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros debido a un tatuaje que fue interpretado como símbolo de la banda criminal Tren de Aragua.

La abogada defensora de Reyes Barrios, quien llegó legalmente a la frontera entre Estados Unidos y México a través de la aplicación CBP One en septiembre de 2024, asegura que este tatuaje es una referencia al equipo de fútbol Real Madrid. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo interpretó como un símbolo relacionado con el Tren de Aragua.

Ley fascista de enemigos extranjero

El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la administración Trump para deportar a venezolanos constituye un ataque ilegal, racista y con motivaciones políticas contra los derechos humanos. Al invocar una ley de tiempos de guerra utilizada por última vez para internar a estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, Trump ha abierto la puerta a expulsiones masivas de venezolanos, personas que huyeron de una crisis que Estados Unidos contribuyó a crear mediante brutales sanciones económicas.

Trump ya ha deportado a 234 venezolanos, a pesar de la orden de un juez federal que bloquea esta acción. Al usar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a cualquier venezolano en Estados Unidos clasificándolo como «ciudadanos enemigos», venezolanos de tan solo 14 años corren el riesgo de ser declarados «terroristas» sin pruebas, sin juicio y sin protección legal. Esto no es política migratoria; es deshumanización y secuestro.

La administración Trump firmó un acuerdo de 6 millones de dólares con el gobierno autoritario de El Salvador para encarcelar a los venezolanos deportados durante al menos un año sin el debido proceso, pruebas ni juicio. Los migrantes deportados no han sido condenados por ningún delito, pero bajo las políticas de encarcelamiento masivo del régimen de Bukele, están siendo enviados a un sistema penitenciario conocido por sus abusos contra los derechos humanos y más de 300 muertes reportadas.

Esta política no hace que Estados Unidos sea más seguro. Es una operación racista, xenófoba y con motivaciones políticas, diseñada para impulsar la retórica de campaña de Trump y expandir su ofensiva ilegal contra los inmigrantes.

Aunque Venezuela aceptó recibir a los deportados de Estados Unidos, Trump la criticó por no acelerar su retorno. Sin embargo, Venezuela tiene todo el derecho a investigar cuidadosamente a las personas expulsadas por Estados Unidos, especialmente dadas las motivaciones políticas detrás de estas deportaciones. Estados Unidos tiene un largo historial de apoyo a actores violentos para incitar disturbios en Venezuela, desde financiar y entrenar a grupos de la oposición involucrados en intentos de golpe de Estado hasta apoyar abiertamente las violentas protestas callejeras conocidas como «guarimbas». No se debe esperar que ninguna nación soberana acepte deportados sin transparencia y sin el debido proceso. Para Venezuela, garantizar que quienes son devueltos no representen una nueva amenaza para la estabilidad nacional no es solo un derecho, sino una necesidad.

Las políticas de Trump atacan sistemáticamente a los venezolanos en cada etapa: primero, mediante sanciones económicas contra Venezuela que crean las condiciones que impulsan la migración, y luego, criminalizando y deportando a quienes huyen. Ahora, con planes para implementar una prohibición de viaje bajo la designación de «nivel rojo», su administración busca aislar por completo a los venezolanos, negándoles el derecho al asilo, separando familias y bloqueando los intercambios culturales, académicos y profesionales.

Esta es una guerra contra los venezolanos, tanto dentro como fuera de su país.