
Caracas, 27 de enero de 2026.
Durante la Consulta Pública para la reforma de la Ley de Hidrocarburos, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, enfatizó la urgencia de adaptar el marco legal para atraer inversiones masivas que el país requiere. El parlamentario señaló que se necesitan aproximadamente 50 mil millones de dólares para elevar la producción a niveles óptimos, por lo que resulta imperativo ofrecer un clima de seguridad jurídica y mecanismos de arbitraje claros que incentiven la llegada de inversiones extranjeras y nacionales.
El principal del Poder Legislativo cuestionó la utilidad de mantener las inmensas reservas de crudo bajo el subsuelo sin una estrategia de explotación activa, afirmando que los recursos naturales no cumplen su propósito si permanecen estancados. En su intervención, recalcó que las leyes no deben ser tratadas como dogmas inamovibles, sino como instrumentos dinámicos que deben ajustarse a las necesidades económicas, políticas y sociales de la actualidad venezolana para favorecer el desarrollo nacional.
Al profundizar en el destino de los ingresos percibidos de la producción petrolera, Rodríguez fue tajante al declarar: «Cuando sacas el petróleo, lo conviertes en hospitales, escuelas, autopistas, infraestructura, salarios dignos para nuestras trabajadoras y trabajadores». En este contexto, explicó que la inversión privada en los denominados «campos verdes» no representa una pérdida de soberanía o regalías, sino una vía necesaria para financiar el crecimiento de los servicios públicos y la estabilidad laboral del pueblo.
Para concluir, el jefe del Parlamento mencionó que esta reforma se presenta como una propuesta beneficiosa y auspiciosa que busca romper con el pudor institucional al momento de legislar sobre recursos estratégicos. La meta fundamental de la Asamblea Nacional es garantizar que la riqueza del subsuelo se traduzca en una mejora sustancial de la calidad de vida de los ciudadanos, utilizando la inversión como la fuerza motriz para recuperar el desempeño económico de la República.
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