Caracas, 5 de noviembre de 2026
Este jueves, el sector militar se sumó formalmente a la Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, una iniciativa orientada a modernizar los procedimientos y fortalecer el funcionamiento institucional del país. El ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Gustavo González López, destacó que la discusión impulsada en los distintos sectores sociales e institucionales del país debe orientarse a generar cambios que permitan modernizar los procedimientos y fortalecer el funcionamiento institucional. «Lo principal va a estar orientado a toda la reestructuración, la mejora, la transformación del sistema judicial. Vamos a corregir lo que se tiene que corregir porque eso es uno de los actos más elevados de democracia”.
De forma paralela, el titular de la cartera castrense convoca a todos los sectores de la vida nacional sin exclusión alguna para construir consensos orientados a superar las debilidades estructurales vigentes.
Asimismo, la jornada contó con la participación de las máximas autoridades del Estado, incluyendo al fiscal general y secretario ejecutivo de la comisión presidencial, Larry Devoe; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez; el defensor público general, Daniel Ramírez Herrera; el diputado Jorge Arreaza; el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa; y el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), mayor general Rubén Darío Belzares Escobar.
Por otra parte, el fiscal general Larry Devoe subrayó que la reforma «debe partir de las necesidades concretas de la sociedad venezolana, evitando reproducir modelos importados ajenos a la realidad nacional»; mientras que el diputado Jorge Arreaza valoró como innovador el despliegue territorial de la consulta, que incluye el diálogo directo con personas privadas de libertad y sus familiares en los centros penitenciarios.
Por consiguiente, la presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, y el defensor público general, Daniel Ramírez Herrera, coincidieron en la urgencia de «armonizar el andamiaje jurídico y saldar la deuda histórica con un sistema que garantice respuestas expeditas, transparentes y oportunas», bajo las directrices encomendadas por la presidenta Delcy Rodríguez.
Prensa Mippci / Krisbell Quiñones
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