Entrega de estudio acerca del impacto de las sanciones

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, se reunió en La Haya con el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, para consignar un importante estudio que demuestra el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en la salud y la vida de los pueblos

Caracas, 8 de agosto del 2025. La vicepresidenta ejecutiva de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró durante la reunión sostenida este viernes con el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, que la referida investigación, que abarcó 152 países, determinó que más de «564 mil personas, desproporcionadamente menores de 5 años y adultos mayores, mueren todos los años, producto de las sanciones adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos y otros países de occidente que promueven la política del llamado cambio de régimen».

Respecto a lo anterior, la vicepresidenta Rodríguez hizo hincapié en que dicha cifra es similar a la tasa de mortalidad anual por los conflictos armados. “Llamamos la atención del fiscal adjunto sobre la lentitud con que avanza este asunto, iniciado hace más de 5 años como resultado de una remisión realizada por Venezuela”.

Del mismo modo, aseguró que este documento «ratifica la denuncia que ha venido haciendo Venezuela y que hizo formalmente hace cinco años ante la Corte Penal Internacional. Ese expediente no se ha movido, ese expediente está detenido».

Rodríguez mencionó que se abordó el asunto conocido como Venezuela I y ratificó que en el país no se han cometido delitos previstos en el Estatuto de Roma. “Le ratificamos nuestra disposición de continuar y profundizar los mecanismos de complementariedad positiva y planes de trabajo conjuntos en materia de cooperación y asistencia técnica, siempre sobre la base de la primacía de la jurisdicción nacional”, recalcó.

Asimismo, la vicemandataria detalló que, en el caso de Venezuela, las sanciones han generado una asfixia económica, derivada de la pérdida del 99% de ingresos en divisas, lo que ha causado heridas en materia de salud, educación, alimentación y en los programas sociales esenciales para el pueblo venezolano.

«Hemos entregado más evidencia de lo que Venezuela ha venido sosteniendo, que se han cometido delitos previstos en el Estatuto de Roma como asesinato, persecución contra el pueblo venezolano, como exterminio y agravamiento de situaciones humanitarias».

La alta funcionaria ratificó en este encuentro la verdad de Venezuela y el compromiso del Gobierno Bolivariano con la legalidad internacional, los instrumentos y mecanismos de cooperación suscritos, para garantizar la vida y la paz de los pueblos del mundo.