Juristas comprometidos con Venezuela

_{El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, hizo un llamado a juristas y defensores del derecho internacional a unirse en la denuncia y defensa de la verdad, reiterando que Venezuela es un país de paz, libre y soberano. «Ayúdennos a mantener esa paz y esa libertad»}

Caracas, 13 de noviembre del 2025. – En el marco del Congreso de Juristas por la Soberanía y la Paz, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, destacó que la República Bolivariana de Venezuela se mantiene firme en su camino de paz y libertad, pese a los constantes ataques y amenazas provenientes del imperio norteamericano.

Rodríguez expresó que «con la mentira han instaurado formas de agresión contra Venezuela, porque ese despliegue militar en el Caribe es grosero, violento, porque usan el supuesto combate al narcotráfico para instalarse en un lugar de paz». Para él, estas acciones son una excusa hipócrita, ya que Estados Unidos no combate las raíces del problema en su territorio, sino que utiliza el narcotráfico como pretexto para intervenir en países como Venezuela, que no es un productor mayor de drogas y lucha activamente contra el crimen organizado, respaldado por cifras de organismos internacionales.

Durante el Encuentro de Jurista en Defensa del Derecho Internacional que se celebra este 13 y 14 de noviembre en la ciudad de Caracas, el alto funcionario afirmó que estas agresiones no buscan otra cosa que desestabilizar al país, con la intención de promover un cambio de régimen y apoderarse de sus riquezas. «Ellos mismos dicen qué quieren las riquezas venezolanas».

Rodríguez recordó que Venezuela ha resistido más de una década de sanciones económicas, las cuales calificó como guerras sin balas que buscan asediar a la población. Sin embargo, resaltó que el país ha logrado recuperarse y que actualmente presenta uno de los mayores crecimientos económicos en la región, demostrando su capacidad de resistencia y desarrollo.

Asimismo, hizo un llamado a juristas y defensores del derecho internacional a unirse en la denuncia y defensa de la verdad, reiterando que Venezuela es un país de paz, libre y soberano. «Ayúdennos a mantener esa paz y esa libertad».

En este sentido, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Caryslia Rodríguez, afirmó que «el derecho internacional y la paz son principios universales que protegen intereses comunes y no pueden ser violados», destacando que su vulneración genera responsabilidades internacionales y conmociona la conciencia de la humanidad.

A su vez, manifestó que este encuentro sirvió para fortalecer la lucha contra la desinformación y las agresiones imperialistas, promoviendo un diálogo que sustenta la soberanía y la justicia internacional. En consecuencia, la magistrada añadió que los juristas deben ser los primeros en denunciar las violaciones a los principios del derecho internacional y promover los valores de paz, igualdad y respeto entre los pueblos.

Del mismo modo, el ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, destacó la gravedad de la situación actual, señalando que la amenaza que enfrenta el país trasciende sus fronteras y representa un peligro para toda la humanidad. En sus declaraciones, Gil advirtió que los desafíos y conflictos que se presentan en Venezuela tienen implicaciones globales, poniendo en riesgo la estabilidad y la paz internacionales.

El ministro Gil subrayó que esta amenaza no solo afecta la soberanía y seguridad de Venezuela, sino que también pone en jaque el sistema de las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es mantener la paz y la seguridad en el mundo.

En suma, la presidenta de la Asociación Americana de Juristas de Argentina, Claudia Rocca, manifestó su preocupación por las agresiones bélicas unilaterales y las constantes amenazas provenientes de Estados Unidos, las cuales, a su juicio, constituyen una grave violación al derecho internacional y representan una amenaza para los derechos humanos en América Latina y el Caribe.

Rocca destacó que estas acciones afectan la soberanía y la estabilidad de los países de la región, poniendo en riesgo la paz y la seguridad de sus pueblos. Además, Rocca señaló que Estados Unidos, en alianza con el sionismo israelí, ha sido uno de los actores que más ha vulnerado los derechos humanos en la región y en el mundo. La dirigente resaltó la importancia de mantener la unidad y resistencia en defensa de los valores soberanos frente a las intervenciones y agresiones externas.

«Aquí en Caracas, hoy se defiende la libertad, la soberanía y la supervivencia de nuestros pueblos».

La presidenta de la Asociación Americana de Juristas de Argentina resaltó la importancia de los instrumentos jurídicos internacionales en la lucha contra delitos que amenazan la paz mundial. En su intervención, puntualizó algunos de los delitos contemplados en el Estatuto Penal Internacional de Nuremberg, un pilar fundamental en la historia del derecho penal internacional, así como en el Proyecto de Código de Delitos contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad de 1954.

Estos marcos normativos establecieron las bases para juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y delitos de agresión, sentando un precedente en la persecución de quienes violan las normas internacionales y poniendo en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de justicia global.

En ese contexto, Rocca elevó una propuesta concreta sugiriendo la creación de un equipo de trabajo dedicado a elaborar una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente Donald Trump. La dirigente también hizo un llamado a los países de América y el Caribe para que no permitan que el orden internacional y el respeto por la soberanía y autodeterminación de los pueblos sean vulnerados.

También, el vicepresidente de la Sociedad Científica de Derecho Internacional, Freider Santana, expresó su preocupación por el incremento en los despliegues militares de Estados Unidos en el Mar Caribe afirmando que «el despliegue carece de la base legal requerida en el derecho internacional contemporáneo, siendo esencialmente ilegal y enmarcado en una doctrina política de hegemonía y control estratégico».

A su vez, denunció que estas operaciones, muchas veces disfrazadas de acciones de «seguridad» o «lucha contra el narcotráfico», constituyen una flagrante agresión de carácter imperial que transgrede el orden jurídico internacional. Santana destacó la importancia de una respuesta colectiva y basada en las propias instituciones de América Latina y el Caribe frente a estas amenazas.

«La soberanía de los países caribeños no es negociable, por eso la respuesta debe ser colectiva, firme y basada en las propias instituciones de América Latina y el Caribe», afirmó. Advirtió que si la presencia militar estadounidense se realiza sin el consentimiento válido de los Estados afectados, se configura como una injerencia ilícita que busca influir en las decisiones soberanas de la región.

Para contrarrestar estas acciones, Santana propuso fortalecer las plataformas de solidaridad regional, como el ALBA-TCP, y promover declaraciones internacionales que rechacen la militarización en la zona.