Caracas, 30 de enero de 2026.
La Presidenta (E) de la República Bolivariana, Delcy Rodríguez, anunció la convocatoria a una Gran Consulta Nacional por un Nuevo Sistema de Justicia, el cual tiene como propósito central transformar el abordaje penal y social en el país, para optimizar la eficiencia institucional y garantizar un acceso a la justicia más equitativo.
La mandataria delegó la coordinación de este proceso en la Comisión de la Revolución por la Justicia, liderada por el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, en articulación con el Programa de Convivencia Democrática y la Paz.
En su intervención ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Presidenta (E) Rodríguez enfatizó la necesidad de superar el modelo exclusivamente punitivo en favor de mecanismos que prioricen la reinserción y la proporcionalidad. Al respecto, informó que mantiene una estrecha coordinación con el Fiscal General, Tarek William Saab, para avanzar en esta materia: «Pido también medidas alternativas al castigo y a la punición para nuestros privados de libertad en el marco de una categorización de los delitos», manifestó.
Asimismo, la presidenta encargada instó a fortalecer la presencia del Estado en las comunidades más vulnerables como la principal herramienta de prevención delictiva. «Yo les pido que el Estado venezolano tenga intervención social y económica para la prevención del delito… pido más intervención social en salud, en educación, en los sectores más vulnerables de la población venezolana», afirmó, subrayando que la justicia debe ser un eje para la paz y la estabilidad social.
En consecuencia, la mandataria analizó el funcionamiento actual de los tribunales, revelando que el 75.55 % de los condenados optaron por la admisión de hechos para agilizar sus causas. La Presidenta (E) Rodríguez explicó que, en el contexto presente, esta figura se ha convertido en una herramienta para reducir los tiempos de privación de libertad ante las complejidades del proceso: «Ante el retardo procesal y los costos del proceso, la solución es admitir los hechos para cortar tiempo de privación de libertad».
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