Caracas, 3 de junio de 2026.
Durante el 35.° período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), la delegación de la República Bolivariana de Venezuela informó sobre el inicio de un proceso de Consulta Nacional, desplegado desde el primero de junio. Esta iniciativa busca la reforma integral del sistema de justicia penal para adecuar los órganos de administración a las demandas de la población, priorizando la celeridad procesal y la integridad de los tribunales.
La embajadora Claudia Salerno Caldera destacó que los poderes Ejecutivo y Legislativo convocaron este proceso, el cual contempla debates nacionales para detectar nudos críticos a partir de la experiencia de jueces, fiscales y comunidades. En este contexto, se subrayó la promulgación de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ejecutada en mayo de 2026 para optimizar los tiempos de respuesta del sistema.
La representación nacional reafirmó su compromiso con la Declaración de Kioto de 2021, mientras denunció que las Medidas Coercitivas Unilaterales debilitan las instituciones judiciales y limitan la cooperación internacional. Ante este escenario, la delegación exhortó a la comunidad internacional a cumplir con las obligaciones de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, garantizando recursos de cooperación técnica sin condicionamientos políticos y bajo pleno respeto a la soberanía de los Estados.
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