Caracas, 12 de junio de 2026
Con el firme propósito de debatir y construir soluciones eficientes que transformen la gestión pública, los representantes de las misiones educativas de la nación iniciaron un despliegue por todo el territorio nacional con el fin de recopilar propuestas que tributen directamente a la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno Nacional. Esta iniciativa busca abrir un espacio de discusión profunda, crítica y autocrítica, impulsando la participación protagónica de las bases en el rediseño de las estructuras del Estado.
Desde el Complejo Educativo Andrés Bello en Caracas, el presidente de la Misión Ribas, profesor Luis Laya, explicó la metodología que regirá este debate nacional. Detalló que las asambleas se replicarán progresivamente en más de 5.300 comunas y circuitos comunales del país, para luego avanzar hacia las fases municipal y estadal, culminando en un gran encuentro nacional.
Por su parte, Janeth Melo, coordinadora de la Misión Sucre, subrayó la pertinencia de este momento histórico para replantear y rediseñar el alcance de los programas sociales. Melo puntualizó que las demandas actuales de Venezuela son distintas a las de la época en que fueron fundadas las misiones educativas, por lo cual este proceso de reingeniería institucional representa una oportunidad invaluable para actualizar los métodos de atención y adaptarlos con precisión a la realidad socioeconómica de la nación.
En este sentido, las misiones educativas asumen el llamado del responsable de esta iniciativa, el vicepresidente sectorial Héctor Rodríguez, quien recientemente definió este esfuerzo como una vía indispensable para que toda la ciudadanía se sienta integrada, respetada y con garantías de recibir respuestas eficientes a sus necesidades.
Cabe destacar que esta consulta nacional surge tras el anuncio realizado el pasado 26 de mayo por la Presidenta (E), Delcy Rodríguez, quien decretó la creación de la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno. El órgano directivo dispone de un lapso de 90 días para consignar un proyecto de reorganización integral del Estado, orientado a simplificar los procesos públicos y consolidar un esquema institucional moderno y adaptado a los nuevos tiempos de la nación.
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